Escrito por Manuel Robles Sosa
24 de mayo de 2011, 11:20Lima, 24 may (PL) La ciudad surandina de Puno, a mil 315 kilómetros al sureste de la capital peruana, quedó hoy aislada y semiparalizada por una protesta que mantiene cerrada la frontera con Bolivia por más de dos semanas.
La medida se realiza pese a que el gobierno autorizó ayer la intervención de las Fuerzas Armadas en la región de Puno, en respaldo de la policía y, según el gobierno, para dar seguridad a edificios e instalaciones estratégicas.
El presidente Alan García lanzó ataques contra la protesta y sostuvo que está motivada por intereses electorales. En Puno la población apoya mayoritariamente al candidato presidencial nacionalista Ollanta Humala.
La protesta comenzó el 9 de mayo con el cierre del estratégico paso fronterizo de Desagfuadero, se extendió hasta Copacabana y afecta fundamentalmente a la carga boliviana dirigida a Perú o a terceros países a través de puertos del sur peruano.
La medida se extendió ayer desde la frontera hasta la capital regional, a donde se trasladaron al menos 10 mil pobladores de las provincias colindantes con Bolivia para exigir atención a sus reclamos.
Los manifestantes bloquearon desde esta madrugada los accesos a Puno, donde fueron suspendidos el transporte urbano de pasajeros y cerraron las escuelas, los mercados y otras actividades, mientras alumnos de la universidad estatal lugareña tomaron la sede académica.
Los campesinos de las zonas limítrofes acamparon en la plaza de armas de Puno, en la cual ayer realizaron una concentración para exigir la proscripción de las actividades mineras y petroleras en sus territorios, por su efecto contaminante en perjuicio de la agricultura y la ganadería.
El gobierno declaró patrimonio cultural un cerro con potencial minero y la medida restringe la posibilidad de explotarlo, pero el Frente de Defensa exige una prohibción terminante.
El viceministro de Minas, Fernando Gala, acusó al Frente de intransigencia y dijo que el gobierno está dispuesto a reanudar las conversaciones con los dirigentes sociales en Puno, si se dan las garantías necesarias.
Una comisión oficial negociadora suspendió la semana pasada las conversaciones alegando falta de garantías y el gobierno pidió a los dirigentes que viajen a Lima a seguir dialogando, lo que no fue aceptado.
El Frente de Defensa exige que, en todo caso, el gobierno aplique la convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y consulte a las comunidades los proyectos mineros y petroleros que puedan afectarlas.
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